22 de septiembre de 2025 – Durante el 60° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos presentó su más reciente informe sobre la situación de Venezueladesde el 28 de julio 2024 hasta el 31 de agosto 2025. En este, la Misión concluyó que: la política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición sigue implementándose sistemáticamente; las violaciones documentadas, consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos; y se destaca que el sistema de justicia realiza una contribución esencial en la política de represión, facilitando las violaciones y garantizando su impunidad.

Los expertos de la Misión confirmaron que, al menos,25 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida durante las protestas postelectorales de julio de 2024, señalando el involucramiento de fuerzas de seguridad en la mayoría de los casos. 

Además, el informe advierte sobre cinco muertes adicionales de personas bajo custodia del Estado. Tres de esas personas fallecieron por falta de acceso oportuno y efectivo al cuidado de su salud, a pesar de que sus custodios, el ministerio público, la defensoría del pueblo y la defensa pública, habían sido informados. Las dos personas restantes murieron por ahorcamiento en los penales de Tocorón y Tocuyito, una de estas personas murió al día siguiente de haber cumplido 15 días en confinamiento solitario en una celda de aislamiento.

La Misión también reiteró que el régimen ha intensificado la represión estatal desde el 28 de julio de 2024, situación que actualmente se mantiene y que combina sus métodos represivos y de persecución fundada en motivos políticos. La Misión tambiénestablece que siguió: “documentando detenciones de familiares de personas opositoras políticas o percibidas como tales como forma de represalia o presión hacia la persona que era el verdadero objetivo político del Estado”; asimismo en estos casos ha tenido lugar una desaparición forzada de las víctimas que puede abarcar desde horas hasta meses. 

Adicional, de acuerdo con la Misión, las personas excarceladas que fueron detenidas posterior a las elecciones siguen siendo procesadas penalmente bajo cargos de terrorismo e incitación al odio con base en expedientes judiciales, preparados, aceleradamente cuando los centros transitorios de detención quedaron rebasados en sus capacidades para recluir a más personas detenidas. También se alertó sobre la detención de al menos 220 niños, niñas y adolescentes en el contexto postelectoral. Otro de los hallazgos destacados en la investigación es el uso de violencia sexual en centros de detención en contra de mujeres, adolescentes, hombres y personas LGBTI en los que fueron víctimas de coerción sexual, requisas invasivas y demás actos degradantes. 

Durante el diálogo interactivo, diversos Estados miembros hablaron abiertamente sobre la situación de sus connacionales secuestrados en Venezuela sin acceso a atención consular y muchos de ellos en desaparición forzada. De igual forma, expresaron su preocupación por la situación en Venezuela, reiterando el llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos y señalaron con firmeza la persecución y criminalización que enfrentan las organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, advirtiendo que estas prácticas buscan limitar el espacio cívico. 

Del mismo modo, la Misión advirtió que “la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es unacontinuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”. Ante la falta de acción de las instituciones nacionales, la Misión reiteró su llamado a que avancen las iniciativas internacionales de rendición de cuentas y reafirmó su disposición a cooperar con esos mecanismos.

Miguel Pizarro expresó: “Queremos agradecer a los Estados miembros de este Consejo por sus intervenciones y a la Misión de Determinación de los Hechos por el informe que hoy presenta. Sus hallazgos ratifican lo que por años hemos denunciado: en Venezuela se sostiene una política de represión sistemática en contra de la sociedad, de la disidencia y de toda voz crítica. Mientras cientos de presos políticos continúen tras las rejas sometidos a tratos inhumanos y degradantes, mientras se sigan cometiendo desapariciones forzadas en el marco de las detenciones, mientras se siga aplicando la Sippenhaft, en Venezuela no se podrá hablar de garantías mínimas ni de respeto a los derechos humanos hasta que esto no cese.”

Para finalizar, Pizarro sentenció que se hace eco de lo expresado por la Misión y reitera que es necesario que los mecanismos internacionales trabajen con la mayor celeridad y rapidez posible para evitar que en el país se sigan cometiendo violaciones a los DDHH. Finalmente, solicitó la liberación inmediata de los presos políticos, la aparición de los desaparecidos y justicia y reparación para las víctimas y familiares.

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