Las 41 empresas públicas argentinas que figuran en el macroproyecto de ley enviado el miércoles por el Gobierno de Javier Milei al Congreso de la Nación no serán necesariamente privatizadas, según aclaró este jueves el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

«Que las empresas estén sujetas a privatización no implica que se vayan a privatizar. Hay empresas que deben sanearse, pero serían imposibles de privatizar», puntualizó el vocero en una conferencia de prensa celebrada en la Casa Rosada.

Entre las corporaciones públicas que figuran en el primer anexo del proyecto de ley figuran empresas de diversos sectores, dimensiones, ingresos y rubro mercantil.

Algunas, como el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas son íntegramente propiedad del Estado.

En el caso de la línea aérea de bandera del país suramericano, el presidente Milei y algunos de sus referentes han manifestado su interés en entregarle la titularidad a los empleados.

Muy distinto es el caso de la petrolera YPF, una de las principales empresas del país, que tiene el estatus de sociedad anónima y en la que el Estado argentino y las provincias productoras de hidrocarburos poseen el 51 % de las acciones. El 49 % restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

Milei anticipó recientemente en una entrevista televisiva que este monto se pagará mediante un impuesto anual que se denominará ‘tasa Kicillof’, en referencia a Axel Kicillof, ministro de Economía durante la expropiación de YPF, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y una de las caras más visibles del peronismo opositor, reseñó 0800 Noticias.

Preguntado por las preocupaciones de los empleados públicos de las empresas que podrían ser privatizadas, Adorni pidió a los trabajadores que «estén tranquilos».

«Si reviste esencialidad (la actividad de la empresa) no veo por qué (los empleados) deban perder su puesto de trabajo», precisó el portavoz al respecto.

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