Al menos 250.000 venezolanos en Estados Unidos quedarán desde la medianoche de este viernes desamparados luego de que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS), medida humanitaria que expirará tras un fallo de la Corte Suprema y la decisión del gobierno de Donald Trump.
El fin del programa dejará a miles de familias en un limbo legal y con temor a ser deportadas. “Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, dijo aCNN el abogado migratorio Haim Vásquez.
De acuerdo con estimaciones oficiales, cerca de 350.000 venezolanos ya habían perdido su amparo semanas atrás, y ahora el resto de los beneficiarios originales de 2021 afrontan el mismo escenario. En su portal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE UU (USCIS) fue claro: “Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.
Pese al vencimiento, el abogado Vásquez aclara que aún hay un grupo reducido con protección temporal hasta 2026. “Hay un poco de incertidumbre”, señaló, porque el USCIS prorrogó la validez de la documentación solo para “un pequeño grupo que presentó su renovación entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025”, cuyos permisos de trabajo seguirán vigentes hasta octubre de 2026.
“Son unos pocos miles”, estimó Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, organización que asesora a migrantes. La activista contó que recibe mensajes diarios de familias angustiadas.
“Es una situación de terror, vivir en un estado de ansiedad y de nervios, muy difícil de describir. Las personas están en un estado de desesperación para obtener algún tipo de legalidad”, afirmó.
Aunque existen litigios sobre el TPS que siguen en revisión judicial, los procesos suelen durar meses o años, y la mayoría de los migrantes no puede esperar. Solicitar asilo político es una opción para algunos, pero Vásquez advierte que “no son tantos quienes cumplen las condiciones” establecidas en la ley, que exige probar persecución o temor fundado por motivos políticos o sociales. Además, recuerda que las autoridades han endurecido los criterios: el gobierno de Trump ordenó a los jueces desestimar los casos de asilo que consideren “deficientes”. EN
