Desde finales del mes de julio, los vecinos del barrio San Pedro en Sabaneta, estado Zulia, manifestaron su preocupación por la presunta reactivación de la Cárcel Nacional de Maracaibo, mejor conocida como Sabaneta o la Modelo, la cual fue inaugurada en 1958 para sustituir al Retén de Bella Vista, y desalojada en 2013 tras la muerte de 16 reclusos cuando el pran «Mocho Edwin» liderizó una pugna interna por el control del penal.

En ese entonces, más de 3.000 presos fueron llevados al Centro Penitenciario de la Región Occidental (Uribana en Barquisimeto) y al Internado Judicial de Barinas, ambas con hacinamiento crítico en la actualidad. 

Mientras tanto, dentro del recinto penitenciario encontraron que los reclusos estaban «armados hasta los dientes», según señaló la propia ex ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aunque unas semanas atrás había asegurado que en las cárceles venezolanas no había armas y mucho menos pranes. 

Luego de la masacre, la ex ministra aseguró que en estas instalaciones funcionaría una escuela para custodios y luego que se construiría un museo. Ninguna fue llevada a cabo. 

En septiembre de 2018, 52 presos provenientes de Nigeria, España, Honduras, Argelia, El Salvador, Portugal, Guyana, Ecuador, Brasil y Perú, fueron trasladados a lo que antes funcionaba como el anexo femenino de la cárcel de Sabaneta y fue re inaugurado como el Centro de Formación Winnie Mandela. 

Casi cuatro años después, los vecinos de la localidad temen que vuelva el cobro de vacunas, las balaceras y amenazas de muerte, de las que eran víctimas cuando funcionaba el antiguo penal en su máxima capacidad. También denunciaron que los reos son trasladados en la madrugada para evitar enfrentamientos con los lugareños. 

Según periodistas locales, trascendió que 1500 presos serán trasladados a estas instalaciones, con una capacidad para 400 personas y que además tiene años sin recibir mantenimiento, como una medida para contrarrestar el hacinamiento en los calabozos policiales y evitar más motines, como los que se han registrado las últimas semanas en celdas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en señal de protesta por las precarias condiciones de encarcelamiento. 

En tanto, el medio de comunicación 800noticias reseñó que, el pasado viernes 28 de julio, se reunió una comisión legislativa, presidida por el diputado del Clez, Yonder Durán; junto con la presidenta del Circuito Judicial Penal del Zulia,  María Elena Cruz Faría; y el fiscal del Ministerio Público, Carlos Fuenmayor, quienes acordaron que los presos con sentencia firme pasarán al otrora anexo femenino de Sabaneta y los procesados serán llevados al antiguo retén El Marite, hoy centro de reclusión “Dr. Francisco Delgado”. 

En ese sentido, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), recordó que las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, mejor conocidas como Reglas Mandela, establecen la íntima relación entre el bienestar físico y mental de los reclusos con la administración del recinto penitenciario. 

«El encarcelamiento no debería significar mayores padecimientos que lo concerniente a la privación de la libertad. Las cárceles deben contar con espacios adecuados para mantener la higiene y salud de cada persona que permanezca en estos espacios, además de espacio suficiente para el desarrollo de actividades deportivas, entre otras que contribuyan con su reinserción en la sociedad», sentenció Prado. 

Ahora bien, por lo anteriormente expuesto, surge el cuestionamiento: ¿la infraestructura actual de la ex cárcel de Sabaneta garantiza los derechos a la salud y un ambiente adecuado para los reclusos?

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones esperamos que, además de pensar en el descongestionamiento de los calabozos policiales, las autoridades se cuestionen si la solución de reactivar algunas cárceles es 100% efectiva o están sustituyendo un problema por otro, porque al final las únicas víctimas son los privados de libertad, sus familiares y las comunidades que hacen vida en los alrededores de los centros penitenciarios. 

Además, esta medida solo involucra a los presos de recintos policiales, mientras que los desalojados de Sabaneta continúan en otros estados. Algunos han sido abandonados porque sus familiares son muy humildes y no pueden costear el viaje, mientras que otros sobreviven como pueden con la ayuda de sus seres queridos. 

¿Dónde están los recursos asignados para la construcción del CRPPJEZ? 

Entre las otras promesas incumplidas de la ex ministra Varela en el estado Zulia destaca la construcción del Centro de Reclusión para Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ), el cual sería edificado en un espacio de 92 hectáreas por la empresa Cresmo, C. A, portadora del RIF J-070413379 y radicada en la ciudad de Maracaibo. 

El 4 de diciembre de 2013 se firmó un contrato, sumando un adelanto por el Ministerio de Servicios Penitenciarios de 45 millones de dólares. La construcción debía finalizar el 31 de diciembre de 2014, pero hasta la fecha se desconoce el paradero de semejante cantidad de dinero. 

En un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) y Transparencia Venezuela, se desveló que en el lugar donde construirían el recinto carcelario solo había escombros, algunas paredes deterioradas y una indeterminada cantidad de documentos de la contratista responsable de la construcción. 

Además, los vecinos revelaron que la construcción del CRPPJEZ fue abandonada a mediados de 2015, y que hacia el mes de diciembre las instalaciones aún no terminadas ya habían sido desvalijadas. Los materiales como cabillas, bloques de concreto, tuberías y el metal de las estructuras fueron objeto de repetidos saqueos. 

Tras la publicación de este informe, el 29 de septiembre de 2016, el Ministerio Público inició una investigación por «pérdida, deterioro y daño contra bienes del patrimonio público que se encontraban bajo custodia del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario bajo la dirección de la ciudadana María Iris Varela Rangel, en su carácter de ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario”.

Esta investigación quedó sin efecto debido a que la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, fue separada de su cargo en agosto de 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro. De lo contrario, Varela enfrentaría cargos por los «delitos de peculado, malversación agravada, falsa alegación y asociación para delinquir vinculados». 

Según lo señalado por el Ministerio Público, en un documento divulgado por El Nacional, para la construcción del CRPPJEZ no hubo licitaciones ni concursos, sino que la contratación se hizo por adjudicación directa, sin cumplirse para ello con los presupuestos y requisitos necesarios. Mucho menos hubo rendición de cuentas.

«La Fiscalía127 local de Bogotá pretende iniciar una investigación en mi contra supuestamente por haber calumniado a una persona de nombre Ricardo Morón. Esta persona es propietaria de una empresa que se llama constructora Cresmo. Me denunció en Colombia porque yo supuestamente informé a los venezolanos y al mundo que los propietarios de esa empresa, Iris Varela y el hijo de Nicolás Maduro estaban siendo investigados por el Ministerio Público venezolano a mi cargo», dijo Ortega Díaz a El Nacional en 2022. 

«Me denuncia por haber dicho que esa empresa fue la que Iris Varela designó a dedo para que construyera un centro penitenciario. Y le dieron 45 millones de dólares como adelanto a Iris Varela para esa obra», agregó.

Asimismo, a través de un podcast que publicó en Youtube, la ex Fiscal General sentenció: «Esta empresa constructora pertenece a uno de los testaferros de Nicolás Maduro y su hijo».

Por último, sentenció: «Toda esta trama de corrupción de Iris Varela ha derivado en el retardo procesal, hacinamiento, asesinatos y el descontrol absoluto de los todos los centros penitenciarios y de detención prevención. Ahí esta el verdadero origen de las masacres carcelarias ocurridas en Venezuela en los últimos años». 

Cabe destacar que la Contraloría General de la República no inició una investigación al respecto, y tampoco solicitó al Ministerio Público sancionar a los responsables por las pérdidas de recursos públicos. Una muestra más de la centralización de poderes en Venezuela. 

De lo ideal a lo impensado

La Cárcel Nacional de Maracaibo o cárcel de Sabaneta fue construida para albergar a 800 internos, con distribución de pasillos centrales de orientación norte-sur, pabellones instalados perpendicularmente a los pasillos de forma alterna, áreas deportivas, educativas y de trabajo, y una capilla para servicios religiosos, anexo femenino y pabellón para procesados militares. 

También, tenía instalados servicios de aguas blancas y servidas, electricidad, cocina y comedor para internos, gas doméstico, planta de vapor para la cocina, y planta eléctrica de 110 voltios en caso de requerirse por alguna situación de emergencia. Asimismo, existía un área de oficinas para la administración del penal.

55 años después de su inauguración, fueron desalojados 3.424 presos que vivían en hacinamiento crítico e incluso del interior del penal salieron 596 civiles: más 200 niños menores de 9 años, mujeres y hasta mascotas, como si de un espacio residencial se tratara. 

Al clausurarse la cárcel de Sabaneta, el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, también en el estado Zulia, pasó a ser el principal centro de reclusión en esta entidad, a pesar de que debía ser un espacio exclusivo para detenidos policiales. 

Esta medida no disminuyó la peligrosidad que se había generado en Sabaneta por los pranes, quienes al igual que el Tren de Aragua en Tocorón extendían sus nexos fuera del recinto, trayendo como consecuencia una ola desmedida de robos, extorsiones, homicidios por encargo, secuestros, entre otros delitos. 

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

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