El 2023 no fue un panorama fácil para los derechos humanos en Venezuela: El año comenzó «con un significativo aumento de ataques, persecución y criminalización contra organizaciones de Derechos Humanos, defensores, trabajadores, periodistas y la sociedad civil: Detenciones, procesos penales, denuncias de hambre y leyes para ilegalizar”, según resalta la ONG Provea.

A días para terminar el año, el contexto no es distinto, el pasado 6 de diciembre fue detenido el presidente de Súmate, Roberto Abdul-Haidi y el Ministerio Público emitió más de 10 órdenes de captura en contra de distintos opositores, los servicios públicos y de salud siguen deteriorados, y muchas familias seguirán separadas por motivaciones políticas. 

Este 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos y desde distintas ONG prevén para Venezuela un 2024 donde continúe un espacio cívico «cerrado» y de represión.

Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea, dijo que se espera un nuevo año donde persista la represión selectiva.

«Entramos en un periodo electoral (rumbo a las presidenciales) donde la experiencia de los últimos años indica que el gobierno intensifica la represión selectiva contra aquellos opositores que le resultan incómodos y le pueden hacer competencia en materia electoral. Y busca también debilitar a partidos políticos que puedan estar respaldando una opción que al gobierno le resulte incómoda. Entonces, las perspectivas parecieran ser de incremento de la represión selectiva» señaló el abogado. 

Alvarado agregó al panorama venezolano la tensión entre Guyana y la administración de Nicolás Maduro, lo que en materia de derechos humanos para el año que viene tampoco es favorable, porque la participación política podría verse vulnerada.

«El gobierno podría usar el conflicto de Guyana para suspender o limitar las concentraciones por motivos políticos. Y entonces el derecho a participar de la gente en acciones políticas para apoyar a un candidato pudiera verse limitado, lo que le daría una gran ventaja al gobierno porque podrían suspender las concentraciones y reuniones públicas, usar sus medios públicos para hacerle propaganda a sus candidatos, impedir que el candidato de la oposición pudiera incluso realizar concentraciones, mítines políticos, etcétera. Esto evidentemente atenta contra el derecho a elegir y a ser elegido. Entonces es un panorama difícil porque el gobierno puede escudarse en las tensiones con Guyana y limitar cualquier campaña. En lo personal no creo que suspendan el proceso electoral, pero sí le pondría muchísimas trabas a las opciones que haya por parte de la oposición para realizar su campaña política», advirtió Alvarado.

El abogado y activista de Amnistía Internacional, Carlos Lusverti, alertó y ve preocupante que hay una tendencia sostenida de algunas violaciones a derechos humanos que no parecen detenerse y otras que agravan o cambian de forma, citando a la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela.

“Ya no hay detenciones masivas sino detenciones selectivas que se suscitan de forma arbitraria, sin garantías al debido proceso, acompañadas en muchos casos de incomunicación contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes estudiantiles, sindicales o políticos que generan impactos negativos no solo en la propia persona afectada sino en todo el grupo que representa”.

A pesar del panorama que prevén para 2024, Alvarado ve positiva la posibilidad de que siga avanzando el proceso de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Pudiese plantearse una situación en la cual las investigaciones de la fiscalía consideren que han establecido un caso y unos presuntos responsables, y por lo tanto se pudieran dictar órdenes de comparecencia o órdenes de captura en el caso de las investigaciones que adelanta la fiscalía de la CPI. Esto no sería pronto, pero pudiera ser a finales del 2024”.

Otro escenario que ve positivo el abogado de Provea es que se pueda renovar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos.

Desde Acceso a la Justicia señalaron que podría venir una mejora, siempre que exista un cambio. 

“Puede haber alguna mejora coyuntural, como pasó en 2021, con cierta apertura, con cierta reforma en materia, justamente, de justicia, pero si no se aplican después esas reformas, si hay retroceso, si el discurso cambia o la realidad cambia, no va a haber esa mejora, y es lo que hemos vivido, o sea, lo vemos muy claro en el caso venezolano”.

Lusverti indicó que desde la organización esperan que los procesos de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el país avancen dentro y fuera de Venezuela, asegurando justicia, verdad y reparación para las víctimas. “Esto incluye por ejemplo el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela y la investigación de la Corte Penal Internacional o la libertad para todas las personas detenidas de forma arbitraria”.

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