Más de 1.000 policías fueron desplegados este jueves en dos zonas del estado Táchira fronterizas con Colombia como parte de un operativo para «contrarrestar la violencia criminal que pretende extenderse» desde el país andino, informó el gobernador de esta región, Freddy Bernal.

Se trata del operativo «Frontera de Paz», para el que se desplegaron 1.350 «efectivos de seguridad ciudadana» en San Antonio y Ureña, limítrofes con el departamento colombiano de Norte de Santander, desde donde la violencia amenaza con «extenderse», señaló el funcionario en su cuenta de Instagram.

«Les reafirmo a los comerciantes y empresarios de la frontera que, a pesar de existir un triángulo de violencia entre Cúcuta (capital de Norte de Santander), San Antonio y Ureña, pueden estar seguros (de) que nosotros seguiremos garantizándoles seguridad y paz», dijo Bernal, quien agregó que hay una «perfecta coordinación» con las autoridades colombianas para combatir esta situación.

La activación de este operativo ocurre cuatro días después de que ocho personas resultaran heridas por un ataque con una granada lanzada a un comercio en el municipio Pedro María Ureña, en Táchira, por «bandas criminales» del país andino que extorsionan a comerciantes, según denunció Bernal el pasado domingo.

Aseguró entonces que en Colombia han vuelto a «estructurarse poderosas bandas criminales» que «han desatado una ola de violencia», que «pretenden ahora extender» al país caribeño, donde «han comenzado, hace unos dos meses, aproximadamente, a amenazar a los comerciantes (y) a los industriales».

El gobernador instó a los ciudadanos a «denunciar cualquier amenaza por parte de estos grupos criminales irregulares».

Los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia, Vladimir Padrino e Iván Velásquez, respectivamente, firmaron este jueves en Caracas un acuerdo conjunto para incrementar las acciones contra la criminalidad en la frontera.

Los funcionarios firmaron el compromiso de «aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas en los pasos informales» de la frontera y pactaron continuar las reuniones entre autoridades militares a fin de «afianzar la lucha y la coordinación operacional de todas las amenazas y factores de riesgo existentes, especialmente en los grupos estructurados de delincuencia organizada transnacionales».

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