Este jueves 25 de mayo la Asamblea Nacional chavista sancionó la reforma a la Ley Orgánica de Contraloría Social, norma que establece la transferencia de bienes y competencias a las comunidades con funciones compartidas donde la acción privada no incida en los intereses comunales.

Esta es una de las leyes que, en octubre de 2022, Nicolás Maduro ordenó debatir y sancionar en un nuevo intento por lograr el reconocimiento del Estado comunal, a través de reformas legales, estructuras de poder que no están incluidas en la Constitución.

Con mayoría calificada, los diputados aprobaron la segunda discusión el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social con el propósito de “avanzar a los nuevos tiempos en Venezuela y fortalecer la democracia de las comunas y los consejos comunales”, así lo afirmó el presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez, desde el Palacio Federal Legislativo.

“Hay quienes le tienen mucho miedo a esta forma de relación humana porque es la verdadera democracia, no basada en la manipulación, y tampoco que los poderosos decidan”, manifestó Rodríguez.

Entretanto, el parlamentario del Gran Polo Patriótico (GPP), Pedro Carreño, se refirió sobre el anexo del texto que se le realizó al artículo 14, en el que expresó: “El procedimiento para la contraloría social podría iniciarse por medio de denuncia, quejas, reclamos, sugerencias o petición y se le está anexando la frase: acompañado de elementos de pruebas, respetando los derechos y garantías de los ciudadanos”.

Respecto a la mencionada reforma, se aprobaron los artículos 17, 18, 19, 20, así como el capítulo VI sobre las funciones de la contraloría social. EFE

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