Durante el 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, presentó una actualización sobre la situación en Venezuela, en la que alertó sobre la persistencia de las detenciones arbitrarias, el uso de la tortura, la falta de independencia judicial y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja que afecta a millones de venezolanos.
En su intervención, Al-Nashif destacó que, a pesar de los anuncios oficiales sobre la liberación de más de 2.000 personas detenidas en el contexto de las elecciones presidenciales, las detenciones arbitrarias y la persecución contra la oposición, la sociedad civil y la prensa continúan. “Exhortamos a las autoridades a garantizar el respeto de las normas internacionales, a que se ponga fin a la detención arbitraria, y a que se libere a los que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos defensores de derechos humanos, investigadores, miembros de partidos políticos y sus familiares y personal humanitario de ONG”, señaló.
El ACNUDH denunció que la represión sigue intensificándose, con el uso de leyes antiterroristas para encarcelar a críticos del régimen, la negación sistemática del debido proceso y la existencia de condiciones inhumanas en los centros de detención. “Nos preocupan informes actuales de tortura y otras formas de maltrato, incluido en el centro de detención Rodeo I, y también de hacinamiento, tanto en centros penitenciarios como en centros de detención previa al juicio”, advirtió Al-Nashif. La Alta Comisionada Adjunta también denunció la muerte de al menos tres detenidos en los últimos meses debido a la falta de acceso a tratamiento médico.
Asimismo, la actualización resaltó el impacto devastador de la crisis económica y social, señalando que 7,6 millones de venezolanos requieren asistencia humanitaria y que los ingresos del pueblo siguen siendo insuficientes para cubrir necesidades básicas. “Los venezolanos y venezolanas siguen encarando retos considerables a la hora de acceder a los servicios de salud, a un trabajo decente y a un nivel adecuado de vida”, afirmó Al-Nashif, agregando que la falta de medicamentos esenciales y personal médico sigue siendo crítica en los hospitales públicos.
El representante para las Relaciones Exteriores y la ONU de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, destacó la importancia de esta actualización y reiteró el llamado a la comunidad internacional para que no ceda ante la estrategia de normalización del régimen. “El informe del ACNUDH es un recordatorio de que en Venezuela la represión sigue siendo política de Estado. La tortura, las desapariciones forzadas y la persecución continúan sin freno. No es suficiente con denunciar, se deben redoblar los esfuerzos para garantizar justicia y protección para las víctimas”, afirmó.
El ACNUDH también alertó sobre la restricción del espacio cívico, agravada por la implementación de la Ley de Fiscalización de ONG y la criminalización de la protesta. En este contexto, la Alta Comisionada Adjunta instó a las autoridades venezolanas a garantizar un entorno seguro para la sociedad civil y derogar cualquier legislación que limite indebidamente la libertad de expresión y de asociación.
Pizarro agradeció a los Estados miembros del Consejo que intervinieron en el debate y reafirmaron su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela, subrayando la importancia de que la comunidad internacional mantenga su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y continúe respaldando los mecanismos internacionales de monitoreo y denuncia.