El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) y la Comisión de la Mujer de esta casa de estudios (ULA Mujer) formaron parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana que presentaron informes alternativos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CCPR), en los que se da cuenta de violaciones de derechos civiles y políticos cometidas en el país durante los últimos ocho años.

Los aportes de ULA Mujer y el ODH-ULA se basaron en casos registrados en la región andina del país desde 2015, específicamente en los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Estas organizaciones participaron en la elaboración de un informe individual y cuatro informes conjuntos, hechos en alianza con otras organizaciones. Todos estos fueron presentados ante el Comité para su consideración en el marco de la quinta revisión de Venezuela sobre su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tuvo lugar durante el 139º período de sesiones del CCPR, un órgano conformado por expertos independientes que supervisa el acatamiento del Pacto por sus Estados partes.

ULA Mujer y el ODH-ULA han documentado casos en los que el Estado venezolano ha violado al menos cinco artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6, 7, 9, 10 y 19), en los que consagran el derecho a la vida; la prohibición de someter a personas a torturas, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el trato humano y el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad y el derecho a la libertad de expresión.

La revisión de Venezuela se realizó en dos sesiones, durante los pasados días 10 y 11 de octubre. Los miembros del Comité formularon más de 100 preguntas a los funcionarios venezolanos que asistieron a estas sesiones, las cuales se basaron principalmente en los casos documentados en los informes que presentaron organizaciones de la sociedad civil venezolana. Este viernes 13 de octubre se cumplieron las 48 horas que el Estado venezolano tenía para dar respuesta a las preguntas planteadas por el Comité.

Corrupción, irregularidades y falta de independencia judicial en la región andina de Venezuela

Uno de los tres informes elaborados por el ODH-ULA fue en conjunto con la ONG Defiende Venezuela. En este se señalan casos de violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestaciones sociales y la falta de independencia de jueces y fiscales en el sistema judicial venezolano, así como el poco conocimiento que tienen estos funcionarios sobre derechos humanos y sobre la propia legislación venezolana.

En dicho informe se refieren las investigaciones del ODH-ULA sobre corrupción e impunidad en el sistema judicial venezolano, específicamente en la región andina del país. De acuerdo con cifras del propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicadas en su sitio web, para el año 2022 el 75 % de los jueces que ejercían funciones en los estados Mérida, Táchira y Trujillo no eran titulares sino provisorios, temporales, accidentales, suplentes o itinerantes. Esta situación no ha cambiado.

Asimismo, el ODH-ULA dio cuenta de casos concretos de personas víctimas de persecución política, impunidad y violaciones de derechos humanos, en cuya comisión participaron jueces y fiscales del sistema judicial venezolano. Entre ellos destacan los llamados casos “guarimba”, calificativo despectivo puesto por los propios funcionarios de justicia para referirse a los jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente tras las protestas sociales de 2014 y 2017, acusados falsamente de asesinatos cometidos por otras personas en el marco de esas manifestaciones.

En un segundo informe, elaborado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Aula Abierta, Acceso a la Justicia, Civilis, Transparencia Venezuela, Fundaredes, Justicia, Encuentro y Perdón, Epikeia y el ODH-ULA, se incluyen casos de violaciones a los derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.

Naibelys Noel y otros casos de discriminación y violencia contra la mujer en Mérida, Táchira y Trujillo

El caso de Naibelys Noel, víctima de violencia contra la mujer, vicaria y doméstica, se incluye en un tercer informe conjunto, elaborado por el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), la Comisión ULA Mujer, el ODH-ULA y otras siete organizaciones de la sociedad civil. Naibelys Noel, quien permanece privada de libertad y recibió una condena de 30 años de cárcel, también ha sido víctima del sistema judicial venezolano por estereotipos de género, entre otras violaciones a sus derechos humanos.

“Naibelys Noel fue privada de su libertad el 17 de agosto de 2019, tras ser acusada injustamente de la comisión (por omisión) del delito de infanticidio contra su hijo de 18 meses de nacido, delito perpetrado, ese mismo día, por su expareja (…) Ella intentó denunciar a su expareja pero su denuncia no fue recibida por funcionarios policiales. En ningún momento fue asesorada ni atendida debidamente por los funcionarios a los que acudió. En ningún momento la jueza valoró la violencia que sufrió Naibelys, el trauma de estar con un hombre agresivo. Al contrario, la revictimizó condenándola a 30 años de prisión, tras casi cuatro años de cárcel por retardo procesal”, reportó ULA Mujer por escrito al Comité de Derechos Humanos de la ONU durante la segunda sesión de revisión a Venezuela.

Otros casos de discriminación y violencia contra mujeres en la región andina de Venezuela fueron incluidos en el cuarto informe conjunto del que participaron ULA Mujer y el ODH-ULA, así como Cepaz, Acceso a la Justicia, la Red Mérida Feminista y otras ocho organizaciones de la sociedad civil. En este informe se reseñan los resultados de una encuesta sobre discriminación política y violencia de género realizada por ULA Mujer en julio de 2022, que revelan la falta de paridad de género y el machismo existente en la política venezolana.

“50 % de ellas (las encuestadas) han sido expuestas o conocen de insinuaciones y exhibición de su vida personal y laboral basada en roles y estereotipos de género; 40 % ha sido expuesta o conoce de casos donde se ha limitado el acceso a un cargo público por estar embarazada o tener hijos; 65 % piensa que es recurrente la desestimación, ridiculización y descalificación pública respecto a las propuestas presentadas por mujeres, en especial cuando están relacionadas con la promoción de sus derechos como mujer; 60 % ha sido víctima o conoce de casos de solicitudes a mujeres de favores sexuales a cambio de postulaciones o nombramientos de un cargo público; y el 100 % piensa que, en comparación con los hombres, las mujeres son más propensas a sufrir acoso sexual y/o ser denigradas de manera sexualizada en sus propios partidos políticos y por parte de sus familiares”, precisa el informe.

Violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aumentan en Venezuela

Los informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil venezolana ante el Comité de DD. HH. de la ONU muestran con evidencias que el Estado venezolano, lejos de cumplir y avanzar en sus obligaciones con los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha aumentado las violaciones del mismo durante los últimos ocho años. Por su parte, el Estado venezolano no presenta informes ante este Comité desde 2015.

Algunos de los principales señalamientos hechos por los miembros del CCPR a los funcionarios del Estado venezolano fueron: reducción del espacio cívico, aprobación de leyes que van en contra de lo que establece el Pacto, comisión de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, represión de manifestaciones sociales, falta de independencia de la Defensoría del Pueblo, ausencia de amparo y garantías a los derechos humanos de las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, la niñez y los privados de libertad, restricciones del derecho a la libre movilidad y ocultamiento de información sobre corrupción ligada al gobierno, entre otros.

Luego de que reciba las respuestas del Estado venezolano a las preguntas hechas por los miembros del Comité durante las mencionadas sesiones de revisión, esta instancia elaborará un informe en el que incluirá los resultados de su evaluación ante el cumplimiento del Pacto y las respectivas recomendaciones al Estado para lograr el acatamiento del mismo.

Prensa Observatorio de Derechos Humanos

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