Ministro de Trinidad viola derechos a migrantes y la Corte lo desafía

Redacción por 
Gabriela Moreno
 el 
Vie, 27 Nov | 2020
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El lado xenófobo del primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley quedó al descubierto tras deportar a 16 niños venezolanos junto a nueve mujeres en una embarcación con pésimas condiciones bajo hostigamiento, afirmó Julio Henríquez, coordinador legal Internacional del Foro Penal, en entrevista con PanAm Post.

Su “discurso populista antimigrante es muy fuerte y está en contra del derecho internacional”, asegura el abogado quien considera que el traslado forzoso es “inaceptable».

Con la nueva audiencia “los tribunales reconocen los derechos constitucionales que los niños». Para él “es claro que la jueza no está alineada con el discurso político del primer ministro».

El quiebre entre por los poderes se generó cuando «ella pidió las órdenes de deportación individual a las autoridades y no las tenían porque había sido una deportación masiva”.

Ahora “la misma corte demuestra que el caso no es una conspiración internacional porque es amigo de Nicolás Maduro”, apunta, pero reconoce que “politizar es siempre una excusa para ignorar abiertamente las obligaciones legales y él está tratando de  buscar culpables”.

Uno a uno

“Cada niño tiene una situación distinta, algunos de ellos están con sus padres o uno de ellos con distintos estados migratorios, algunos son solicitantes de asilo, otros tienen un permiso de estadía”, acotó a PanAm Post el abogado.

Mientras las presentaciones se desarrollan, los niños fueron trasladados de la celda donde se encontraban hacinados en “grupos pequeños y separados» a un edificio gubernamental en Puerto España.

El cambio del lugar del arresto causa «confusión interna» y que «los padres no saben como terminará todo”, apunta Julio Henríquez

ONU atenta y preocupada

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se declaró “profundamente preocupado por la decisión” de Trinidad y Tobago.

 que “los niños no deberían ser nunca deportados de forma forzosa en función de estatuto migratorio, o el de sus padres”.

Para que ocurra una expulsión, existe un protocolo donde “la condición previa a toda devolución de un niño es que haya una decisión independiente e imparcial y el retorno debe ser una solución que garantice los derechos, la salud y los intereses de los niños”, añadió la organización.

Una guerra política

La trascendencia internacional del caso es cuestionada por el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien a través de Twitter asegura que el hecho tiene fines políticos, divulgó BBC.

Cree que la Organización de Estados Americanos (OEA), dirigida por Luis Almagro, está detrás del revuelo como parte de una «declaración de guerra» por sus relaciones estrechas con el régimen de Nicolás Maduro.

Un funcionario extremo 

Por esta intransigencia de Rowley, el diputado venezolano Omar González llevó a calificarlo de “nazi caribeño”, divulgó Noticiero Digital.

“Es un amigo de Maduro. Ha sido un cómplice de la tiranía venezolana y se ha plegado a la estrategia geopolítica de Maduro”, sostuvo.

El asambleísta además lo tilda además como un “racista que abusa de su poder y de la actual condición de los venezolanos que huyen de la tragedia que ha significado el socialismo”.

Lo cierto es que su actuar motivó a Amnistía Internacional y Human Rights Watch a enviarle una carta abierta en septiembre con “profunda preocupación por la denuncia de la deportación de 93 venezolanos, que contraviene el principio básico de derecho internacional de no devolución”.

En la misiva advertían que “quienes que regresan o son deportadas a Venezuela son colocadas en centros de cuarentena bajo el control de la policía involucrada en una política de represión desde al menos 2014 y algunos de sus líderes pueden ser responsables de crímenes de lesa humanidad”.

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