FundaRedes denuncia la actuación impune de bandas criminales y terroristas

Guerrilla y grupos paramilitares operan en 12 estados de Venezuela

Redacción por 
 el 
Sáb, 13 Abr | 2019
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Los actos perversos de los grupos irregulares armados colombianos en gran parte del territorio nacional, han traído como consecuencia no sólo la violación de los derechos humanos fundamentales de la población, sino la pérdida sistemática de la soberanía nacional ante la mirada indiferente y cómplice del Estado venezolano.

Así se desprende del informe anual 2018 de FundaRedes presentado recientemente en la ciudad de Caracas titulado: “Presencia de grupos armados irregulares en Venezuela: impunidad y violación de DDHH”, con la participación de destacados ponentes como el Doctor José Machillanda, el ex gobernador y parlamentario César Pérez Vivas y el diputado a la AN Franklin Duarte, quiénes disertaron sobre la repercusión que han tenido los grupos irregulares colombianos en la frontera como una forma de control social.

El ex gobernador del estado Mérida y actual diputado William Dávila Barrios, presidente de la Comisión de Defensa del Esequibo y fachada atlántica y el diputado Romel Guzamana, presidente de la Comisión Indígena, expusieron la tragedia que se vive actualmente en el Sur del país con las acciones emprendidas por los grupos irregulares colombianos para adueñarse de las riquezas minerales y apropiarse de las tierras, lo que ha generado enfrentamientos con las comunidades indígenas allí asentadas, sembrando muerte y desolación, lo que deja en evidencia la incapacidad e inoperancia de las autoridades venezolanas frente a los grupos armados irregulares.

Posteriormente el director general de FundaRedes, Javier Tarazona, detalló a través de una cronología investigativa las actividades mediante las cuales los grupos guerrilleros como el ELN, la disidencia de las FARC, EPL, FBL y agrupaciones paramilitares han venido durante los últimos 20 años además de ganando terreno en Venezuela, violando sistemáticamente los DDHH de la población.

“Hoy podemos decir con certeza que estos grupos terroristas están presentes en 12 estados o regiones del país, sin que hasta el momento el Estado venezolano haya tomado medidas para evitarlo, todo lo contrario, ha permitido sus actuaciones con total libertad”, afirmó

La presencia de la guerrilla — aseguró Tarazona — no es un hecho oculto, opera abiertamente en territorio venezolano, así lo demuestra la injerencia comunicacional del ELN con el funcionamiento de 5 emisoras en el espectro radioeléctrico venezolano, la penetración de la guerrilla en las escuelas de la frontera para el adoctrinamiento de niños y adolescentes vulnerando del derecho a la educación, la entrega del alimentos a través del Clap para el control y manipulación de los ciudadanos, el narcotráfico y el contrabando, además del drama de los secuestros, desapariciones y asesinatos que cada día aumenta en la línea fronteriza.

“Los grupos armados irregulares en la frontera controlan todo: la trocha, la economía, la salud, la alimentación, así como las actividades escolares, lo cual vulnera la educación ejerciendo el adoctrinamiento y sometiendo a los habitantes de estas zonas a diario”, enfatizó el director general de FundaRedes en su exposición.

Manifestó el defensor del DDHH que el conflicto armado entre la guerrilla y los paramilitares en la frontera colombo-venezolana por el control del territorio es otra situación de extrema gravedad, “lo cual ha generado persecuciones y desapariciones forzadas, así como el reclutamiento indiscriminado de niños, niñas y adolescentes quienes terminan optando por formar parte de estas organizaciones criminales dejando escuelas y liceos motivados por la crisis humanitaria compleja que hoy vive Venezuela”.

El informe que hemos presentado – puntualizó Javier Tarazona- recoge el trabajo de documentación, investigación e incidencia realizado por el equipo de activistas y defensores de FundaRedes, producto de la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de los grupos irregulares armados a la población de los estados fronterizos ante la inacción del Estado venezolano, en definitiva, es un aporte para el restablecimiento del estado de derecho y el progreso del país.

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