Nicaragua decidió otorgar asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y pidió al Gobierno panameño que permita su traslado a territorio nicaragüense, como señala el derecho internacional humanitario, informó la Administración de Daniel Ortega.
«El expresidente Ricardo Martinelli solicitó asilo en la embajada de la República de Nicaragua en Panamá, por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad», detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en una comunicación dirigida a las autoridades panameñas.
El asilo a Martinelli está basado, según Managua, en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificada por el país centroamericano.
Nicaragua destacó que el asilo es una «institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad».
En este sentido, Nicaragua solicitó a Panamá «brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario».
Martinelli, que actualmente es candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM), afirma que el mandatario de su país, Laurentino «Nito» Cortizo, planea asesinarlo antes de las elecciones del 5 de mayo próximo.
«Me quieren matar», dijo Martinelli a periodistas en la Asamblea Nacional de Diputados, a donde acudió para presentar una denuncia contra Cortizo y contra el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
Martinelli aseguró que hay personas dispuestas a testificar que existen planes para acabar con su vida.
«Tengo conocimiento que hay personas que quieren ser testigos protegidos y trabajan en la Presidencia. En estos momentos tienen miedo por su vida», aseguró.
Según el expresidente, tanto Cortizo como Carrizo, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), quieren sacarlo del juego, pues temen que Panamá cambie si él gana los comicios.
Martinelli sigue en la campaña electoral pese a que la Corte Suprema de Justicia rechazó la semana una apelación para anular una condena a 128 meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, lo que puede anular sus aspiraciones.